Además resalto que “el modo de operación consistía en captar a las víctimas a través de redes sociales, mediante publicaciones que ofrecían lotes a la venta en condiciones aparentemente accesibles”.

Sobre la intervención y acciones que desde la SECOTyH se tomaron, el secretario argumentó que “ante esta gravísima situación, se conformó un equipo de trabajo integrado por el Ministerio de Seguridad, Escribanía de Gobierno y la Secretaría a mi cargo”.

Una vez constatada la ocupación indebida y la comercialización irregular del predio, se procedió a realizar la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra los presuntos responsables, integrantes de la mencionada fundación. Esta causa se encuentra actualmente a cargo de la Fiscal Serrano y cuenta con el respaldo de las denuncias formales presentadas por las familias afectadas.

También agregó que “hemos tomado conocimiento de que los autores de estas estafas continúan amenazando a los vecinos e intentando cobrar cuotas por los terrenos en cuestión”. “En este sentido, queremos llevar tranquilidad a las familias damnificadas y reiterar que no deben abonar suma alguna, ya que dichas personas no tienen ningún derecho ni autorización para comercializar esos inmuebles” enfatizó el funcionario.

Es oportuno consignar, que la secretaría mencionada trabaja con un equipo técnico en el predio, realizando vuelo de drones para proceder a la mensura del terreno.

Asimismo, procedió al armado del legajo con documentación de cada familia para luego realizar un análisis exhaustivo, a través del Área Social, de cada situación.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat es el único órgano competente para la administración de inmuebles propiedad del Estado provincial.

Ante cualquier consulta, la ciudadanía, puede acercarse a las oficinas en calle Alte Brown 792 o comunicarse al teléfono 388-5931421.

El Estado provincial continúa trabajando para garantizar la legalidad en el acceso a la tierra, protegiendo a las familias y utilizando todas las herramientas institucionales para llevar adelante las acciones legales correspondientes.