“El Tribunal ha escuchado todos los reclamos, fundamentalmente del Ministerio Público y de la querella, de las partes, y va a reconsiderar la fecha de inicio del debate, que la habíamos establecido para el día 7 de octubre del corriente año. Esta reorganización va a requerir la consulta con todos los equipos técnicos de los Tribunales al que pertenecen los jueces que integramos este tribunal, a los fines de adecuar una fecha lo más pronto posible y acercada en el tiempo”, comunicaron.

Al respecto, el presidente del Tribunal aclaró que para establecer la nueva fecha deberá coordinar con las agendas delo distintos jueces.

“Para eso tenemos que rebobinar una serie de audiencias de causas que están en trámite y causas complejas que están en trámite en cada uno de los tribunales. Así que lo que quiero aclarar también es que no van a ser audiencias continuadas de dos días a la semana, miércoles y jueves, como habíamos establecido, para facilitarle la presencia de los profesionales que no son de esta ciudad de Corrientes. Vamos a tener que hacer seguramente fechas intercaladas, precisamente por las distintas causas que tenemos en los tribunales”, adelantó.

Asimismo, los jueces habían decidido otorgar un plazo de 15 días para delimitar aún más la cantidad de prueba y testigos que presentarán en el debate oral. “En este sentido, el Tribunal, a los fines organizativos, va a otorgar un plazo de 15 días para adecuar toda esa prueba y depurar un poco los testigos y las pruebas ofrecidas. Ustedes saben que esta es una causa compleja, que tiene muchos cuerpos de expediente, hay muchas partes. En consecuencia, debemos llegar al debate con la claridad necesaria de qué es lo que se va a discutir”, dijo el magistrado.

Y agregó: “Las partes deberán asegurar la comparecencia de los testigos ofrecidos, más allá de la obligación jurisdiccional al respecto. También, se convoca a las partes a la realización de acuerdos probatorios fundamentales en temas no controvertidos, como actas, allanamientos y testigos de actuación”.

Al respecto del plazo, el Tribunal aclaró que dicho plazo no es una imposición sino una sugerencia para las partes. “Es un plazo ordenatorio. No hay perentoriedad en esto, pero sí una recomendación especial, porque el Tribunal tiene que dictar el auto de admisión de prueba. Entonces, precisamente por eso era que habíamos establecido estimativamente una fecha, que consideramos que las partes pueden depurar la prueba”, explicó el juez, quien además ratificó la obligatoriedad de que los testigos concurran de manera presencial al debate, salvo excepciones.

Las quejas del MPF

Tras conocerse que la fecha de inicio del debate sería en octubre el representante del Ministerio Público Fiscal de Corrientes hizo un fuerte descargo que terminaría por torcer la decisión de los magistrados.

“En primer lugar, estamos acá en una audiencia preliminar y yo entendía que esta audiencia era justamente para ajustar los testigos, no para que se nos dé un plazo. Y lo digo porque hoy está presente la familia de Loan, están presentes los querellantes de Loan, están presentes muchos abogados que han viajado hasta acá. Es decir, yo creo que hoy de-deberíamos aprovechar este día, porque nos está fijando una fecha de debate, que también voy a revocar. Voy a impugnar la fecha de debate del 7 de octubre, porque estamos esperando justicia”, dijo el fiscal.

“Este es un caso realmente que amerita justicia y lo más pronto posible. Por eso entiendo que deberíamos hoy ajustar. Nosotros readecuamos justamente en función a esa celeridad que tiene que tener. Esta causa no es una causa común y cualquiera. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está. Nos está dando quince días para readecuar una prueba, que nosotros ya lo hicimos como Ministerio Público Fiscal, entiendo que la querella también, y entiendo que este sería el recinto, en este momento, para que se discuta de esos 160 testigos que ofreció el Ministerio Público Fiscal”, añadió.

Asimismo, Schaefer se opuso a la disposición del Tribunal de limitar a dos el número de representantes del MPF que puedan intervenir en el juicio. “Hago reserva a recurrir en Casación en caso de hacerse lugar a cualquier tipo de planteo de esa naturaleza, porque estaría afectando, como ya dije, la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, dijo el fiscal.

La respuesta del juez

Una vez que terminó Schaefer, el presidente del Tribunal le contestó y explicó los motivos de la decisión de la fecha y del plazo de 15 días.

“El plazo se le da es para que colaboren en la individualización de los testigos, independientemente de la obligación institucional que tenemos en el Tribunal de citar a los testigos. Lo que ocurre en este caso es que muchos testigos están ofrecidos con nombre y apellido, sin precisar dirección. (…) Lo que se está pidiendo a las partes es que colaboren en la concurrencia de los testigos, que van a ser citados”, dijo el magistrado.

En ese sentido, explicó que la elección del 7 de octubre responde a la intensa agenda de los magistrados durante el año, ya que -dijo- el de Loan no es el único debate al que deben concurrir.

“El Tribunal es absolutamente consciente de la urgencia que hay en este caso, de lo complejo que es el caso. Conocemos toda impronta que se le pone a esto, pero también le debo decir al Ministerio Fiscal y a las partes, que el Tribunal está constituido por jueces de otra jurisdicción, y este no es un caso único, complejo, que hayamos tratado. Estamos tratando muchos casos complejos, tanto os miembros del Tribunal de Formosa, como los miembros del Tribunal de Río Negro, General Roca, La Pampa, que tienen, tienen establecido en sus agendas. Entonces, compatibilizar, congeniar las fechas para este debate les puedo decir que llevó adelante un esfuerzo extraordinario”, explicó.

“No es caprichoso que nosotros fijemos una fecha para comenzar este debate”, aseveró.

El caso

En total son 17 los imputados: siete corresponden a la causa principal que investiga la sustracción y el ocultamiento del niño -por entonces de 5 años- mientras que los otros 10 hacen parte del expediente paralelo, en el que se los acusa de una serie de maniobras para desviar la investigación.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Schaefer, la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

“La fiscalía había propuesto más de 700 testigos, pero, recientemente, postuló la asistencia al juicio de 161 y la incorporación por lectura o reserva, de los restantes”, aclaró el MPF a través de su página oficial.

El caso y los imputados

Aquel 13 de junio de 2024, Loan fue visto por última vez, cuando se dirigía a un naranjal junto a un grupo de adultos y otros niños, con los que había compartido un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina Peña, en el paraje Algarrobal.

En ese trayecto, el nene fue apartado de la custodia de su padre (José Peña) y, desde entonces, permanece desaparecido.

Son los 7 imputados en el expediente principal: Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía del chico), Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel. Según la causa, “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del niño.

El delito que se les imputa, contemplado en el artículo 146 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión. Inicialmente, todo ellos fueron investigados en la causa que tramitó ante la justicia provincial y que luego fue remitida a la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, con intervención del fiscal Mariano de Guzmán y la PROTEX.

“En ese requerimiento de elevación a juicio, los representantes del MPF sostuvieron su convencimiento de que el niño no se extravió y que los siete principales imputados intervinieron de manera coordinada en su sustracción y posterior ocultamiento”, agregó el MPF en su página oficial.

Pero, mientras Loan era buscado por la Justicia, una red de profesionales que se presentaron como presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy, bajo el pretexto de ayudar, obstaculizaron las diligencias judiciales y policiales.

Son 10 los imputados por la causa paralela: Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo. Todos profesionales.

Se los acusa por haber retenido a los menores que estuvieron con Loan en el naranjal el día de su desaparición y por haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.

La fiscalía federal consideró que habrían incurrido en una serie de maniobras para desviar la investigación. En virtud de ello, les imputó los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales.

FUENTE: INFOBAE