En términos generales, la institución liquidada y disuelta contaba con 140 empleados, de los cuales 60 hicieron uso de la opción de incorporarse al Instituto Provincial de Juegos de Azar (INPROJUY) en carácter de empleados públicos.

Por otra parte, 37 estarían en condiciones de acogerse al régimen de retiro voluntario simplificado (SIPA), por el cual con 30 años de aporte y sin la edad requerida pueden acceder al 60% del sueldo bancario que venían percibiendo como activos. Una vez cumplida la edad jubilatoria establecida por ley, cobrarán la totalidad de la suma correspondiente al cargo que tenían.

Finalmente, 43 no hicieron uso de la opción establecida por la ley y permanecen en conflicto, exigiendo que el Estado provincial les pague sueldos como trabajadores bancarios, lo cual es improcedente por cuanto el Banco de Desarrollo de Jujuy S.E. se liquidó y disolvió según mandato de la Ley Nº 6.233. Estos tenían hasta el 21 de octubre para hacer uso de la opción de pase a planta permanente del Estado.

En agosto se efectivizó la disposición del referido instrumento legal y el pago de haberes se materializó por los meses de julio, agosto, septiembre y 21 días de octubre, lo que totaliza 111 días. Sin embargo, ellos se cierran en una posición de conflictividad con paro por 48 horas incluido, en demanda de pagos de aumentos, el bono bancario que representa un sueldo más, aguinaldo, haberes de noviembre y ajustes, conceptos ajenos a la normativa vigente.

Cabe mencionar que la propuesta del Gobierno Provincial se efectuó en el marco de la conciliación obligatoria y consta en el Ministerio de Trabajo.