La iniciativa también prevé el desarrollo de sistemas de información y la consolidación de procesos que permitan una identificación más precisa de los beneficiarios, así como el refuerzo de la coordinación interinstitucional. Desde el punto de vista institucional, el contrato suscripto con la CAF contempla la actualización normativa, la modernización de procesos administrativos y la provisión de asistencia técnica para mejorar la gestión del sector.

Además, contempla medidas para impulsar la eficiencia energética tanto desde el lado de la demanda como en la gestión pública, con el objetivo de promover un uso más racional y sustentable de los recursos. Según el Banco Central de la República Argentina, la operación tendrá un impacto limitado en la balanza de pagos, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público evaluó que el costo financiero del préstamo es menor al que el país enfrentaría en el mercado.

A la firma de este acuerdo con la CAF se suman otros esfuerzos recientes del Gobierno por mejorar la infraestructura energética. En diciembre de 2025, la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Banco Mundial, aprobó una inversión adicional de USD 300 millones en Central Puerto para fortalecer la generación y el almacenamiento de energía.

Hacia finales del mismo año, se lanzó el Plan Nacional de Obras de Ampliación del Transporte Eléctrico, con una previsión de inversión superior a USD 6.600 millones, el cual busca mitigar los riesgos de interrupciones eléctricas, fortalecer la red nacional y solucionar los cuellos de botella logísticos que aún impiden el óptimo tra slado de energía entre los centros de generación y consumo.

El nuevo préstamo, que será ejecutado por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales —ambas bajo la órbita del Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo—, no financiará obras puntuales, sino que se diseñó como apoyo presupuestario sectorial. Apunta a acompañar políticas públicas orientadas a la sostenibilidad fiscal, la eficiencia y la equidad distributiva, criterios que articularán la asignación de los próximos recursos al sistema energético nacional.