La articulación institucional marca una decisión política y judicial firme de avanzar con mayor contundencia sobre las denuncias ambientales, garantizar el impulso de las causas y evitar que hechos que generan daños sobre el ambiente queden sin investigación ni consecuencias judiciales.

Acciones conjuntas entre Ambiente y MPA

En ese marco, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático ratificó que continuará profundizando las acciones de control, fiscalización y presentación de denuncias frente a infracciones y delitos que afecten los recursos naturales, la biodiversidad y la salud de las comunidades. A su vez, el Ministerio Público de la Acusación reafirmó el compromiso de fortalecer el seguimiento de las investigaciones y avanzar en mecanismos que permitan dar mayor celeridad y eficacia a las causas vinculadas a daño ambiental.

Durante el encuentro, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de consolidar procedimientos específicos de actuación conjunta para optimizar la comunicación entre las áreas técnicas y judiciales, especialmente en lo referido a informes periciales, recolección de evidencia y seguimiento de expedientes.

La decisión conjunta apunta a que las actuaciones ambientales cuenten con respaldo técnico sólido y herramientas judiciales más ágiles, permitiendo avanzar de manera concreta sobre hechos que históricamente generaron preocupación social y ambiental en distintos puntos de la provincia.

Entre las principales problemáticas abordadas se destacaron los microbasurales y basurales ilegales, la caza furtiva de vicuñas, las quemas ilegales, los incendios de vegetación provocados intencionalmente y las infracciones vinculadas al control forestal.

Además, se acordó avanzar en instancias de capacitación vinculadas a la Ley Yolanda para asesores legales y referentes ambientales de organismos provinciales y municipales, entendiendo que la formación ambiental dentro del Estado resulta clave para fortalecer la prevención, la investigación y la sanción de delitos ecológicos.

La agenda conjunta entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y el Ministerio Público de la Acusación busca consolidar un esquema de intervención más firme y coordinado frente a los delitos ambientales, con el objetivo de garantizar respuestas institucionales concretas y reforzar la protección del patrimonio natural de Jujuy.