«Mienten cuando plantean la inconstitucionalidad, ya que la obligatoriedad de las vacunas está establecida en la Ley 27.491, porque entiende a la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva, cuando mencionamos a la salud pública, se entiende que hay una prevalencia de la Salud por sobre el interés particular y además declara de interés Nacional a la Vacunación», sostuvo Rotela.

Apuntó que «la República Argentina desde 1983 comenzó un proceso de ampliación de la obligatoriedad, llegando al 2003 con el paso de 6 vacunas obligatorias a 20, siendo el Calendario Obligatorio de Vacunación Argentino, el más amplio en Salud Publica del mundo». Continuó señalando, que «la vacunación después de la potabilización del agua, es el hito sanitario más importante en la historia de la humanidad, esto es indudable» y añadió que «lamentablemente parece que más de 106.000 muertos en todo el país, no son suficientes para que un grupo minúsculo de personas se solidarice con la salud de todos los jujeños, incumplan la ley y nieguen al COVID-19, al igual que la Ley Nacional».

Afirmó que «esta disposición busca que para realizar ciertas actividades sea necesario contar con al menos una dosis, el sector público y el privado en el mundo así lo dispuso, para trabajar en multinacionales, ingresar a bares, restaurantes, eventos culturales o deportivos».

Remarcó que «la Ley Nacional que fomenta la vacunación desde el nacimiento hasta la vejez de las personas establece la obligatoriedad de la misma y la exige para tramitar el DNI o inscribir a un menor en la escuela, hoy el mundo requiere vacunas y los intereses mezquinos de unos pocos no pueden oponerse al interés general».