Asimismo, enfatizó que, a partir de la creación del Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, la provincia cuenta con una “sólida estructura institucional que garantiza la presencia y participación de las comunidades originarias en el diseño y la implementación de políticas públicas”.

En este sentido, aseguró que “se desarrollaron instancias participativas en toda la provincia, frente al proceso de reforma constitucional”, remarcando que “miembros de los once pueblos indígenas fueron parte de la discusión”.

“Respetando dinámica y cosmovisión, sostenemos la participación en asambleas comunitarias”, aseveró y apuntó que “se aportó información clara y precisa de la agenda de reforma constitucional, en particular de los derechos que siguen vigentes”.

Continuó señalando, que “en el proceso histórico de avance y reconocimiento, los pueblos indígenas dejan de ser objeto de derecho, para constituirse en sujeto de derecho, reconociendo su preexistencia cultural y étnica” y precisó que “buscábamos consagrar todo lo conseguido en materia de derechos y reconocimiento en Jujuy, considerando que somos una provincia multicultural y diversa”.

Tras recordar que el “Artículo 50 no se tocó”, destacó que “Jujuy es la única provincia de la República Argentina que tiene propiedad comunitaria, derecho que se sigue garantizando y se respeta esa protección”.

La funcionaria lamentó “el flujo de desinformación que desde la mala intención llegó a grupos de originarios, dando paso a la confusión”, al tiempo que ratificó “la voluntad de diálogo y trabajo conjunto que sostiene el Gobierno de la Provincia”.